Problematicas
Contexto Actual
EL PROBLEMA DEL HACINAMIENTO: UNA CRISIS SIN PRECEDENTES
COLOMBIA: CAPACIDAD SUPERADA EN MÁS DEL 25%
El sistema penitenciario colombiano alberga actualmente 103,796 personas privadas de libertad, mientras que la capacidad instalada es de apenas 81,749 cupos. Esto representa un hacinamiento del 25.2%, lo que significa que más de 20,000 personas están recluidas por encima de la capacidad del sistema. La situación es particularmente crítica en centros como La Picota, La Modelo y el Buen Pastor de Bogotá, donde las tasas de hacinamiento superan niveles alarmantes.
La evolución histórica muestra que el problema se ha agravado sistemáticamente. En 1993, las tasas de hacinamiento eran del 1.7%, pero para 2018 habían alcanzado el 45%. Según el ICRC, entre 2000 y 2023, el número de personas detenidas se multiplicó por cuatro debido al endurecimiento de las políticas criminales, especialmente relacionadas con delitos de drogas.
PERÚ: SOBREPOBLACIÓN SUPERIOR AL 100%
La situación peruana es aún más dramática. El sistema penitenciario cuenta con 69 establecimientos que albergan a 99,697 internos, cuando la capacidad total es de solo 41,764 personas. Esto representa una sobrepoblación del 139%, convirtiendo a Perú en uno de los países con mayor hacinamiento carcelario del mundo.
Los penales más críticos incluyen Quillabamba (505% de sobrepoblación), Camaná (486%), Huancavelica (470%), Callao (467%) y Abancay (462%). El déficit alcanza las 57,933 unidades de albergue, una cifra que evidencia la magnitud de la crisis. Ante esta situación, el gobierno peruano declaró emergencia en el sistema penitenciario por 24 meses en noviembre de 2024.
CONDICIONES DEPLORABLES DE VIDA
INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE Y SERVICIOS BÁSICOS
En ambos países, la infraestructura carcelaria presenta graves deficiencias. Los centros penitenciarios carecen de espacios adecuados para el alojamiento, con celdas que albergan hasta tres veces su capacidad diseñada. La falta de mantenimiento ha deteriorado las instalaciones, generando problemas de ventilación, iluminación y acceso a servicios sanitarios básicos.
El suministro de agua potable es irregular en muchos establecimientos, y los sistemas de alcantarillado presentan fallas constantes. Estas condiciones propician la propagación de enfermedades y contribuyen al deterioro de la salud física y mental de los internos.
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN INADECUADAS
La crisis alimentaria en las cárceles es uno de los problemas más graves. En Colombia, se registran intoxicaciones masivas de forma recurrente debido a la mala calidad de los alimentos y las deficientes condiciones de preparación. La Defensoría del Pueblo ha documentado múltiples casos de internos que sufren desnutrición y problemas gastrointestinales relacionados con la alimentación carcelaria.
En Perú, la situación es similar, con problemas de suministro irregular y calidad deficiente de los alimentos. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia enfrentan dificultades particulares para acceder a dietas apropiadas para su condición.
La crisis alimentaria en las cárceles es uno de los problemas más graves. En Colombia, se registran intoxicaciones masivas de forma recurrente debido a la mala calidad de los alimentos y las deficientes condiciones de preparación. La Defensoría del Pueblo ha documentado múltiples casos de internos que sufren desnutrición y problemas gastrointestinales relacionados con la alimentación carcelaria.
En Perú, la situación es similar, con problemas de suministro irregular y calidad deficiente de los alimentos. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia enfrentan dificultades particulares para acceder a dietas apropiadas para su condición.
CRISIS DE SALUD: UN DERECHO VULNERADO
PROBLEMAS DE SALUD FÍSICA Y MENTAL
Los sistemas de salud penitenciaria en ambos países están colapsados. En Colombia, la rápida propagación de enfermedades como tuberculosis, VIH y varicela es recurrente debido al hacinamiento. La demanda de atención médica es desproporcionalmente alta comparada con el número de profesionales disponibles.
En Perú, un estudio reveló que las enfermedades más comunes entre la población penitenciaria son depresión (9.6%), ansiedad (8.6%), enfermedad pulmonar crónica (8.4%) e hipertensión arterial (6.9%). El acceso a tratamiento médico es particularmente bajo para los hombres y para las enfermedades de salud mental.
FALTA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Ambos países carecen de suficientes unidades especializadas para atender problemas de salud mental. En Colombia, solo existen dos unidades permanentes ubicadas en Cali y Bogotá para atender a toda la población penitenciaria con trastornos mentales. En Perú, la situación es similar, con un psicólogo por cada 450-500 internos.
VIOLENCIA Y SEGURIDAD: UN ENTORNO DE RIESGO CONSTANTE
Motines y muertes violentas
La violencia carcelaria ha alcanzado niveles alarmantes en ambos países. En Colombia, entre 2020 y 2024, Medicina Legal registró 602 muertes al interior de centros de reclusión, de las cuales 325 (54%) correspondieron a muertes violentas. Los eventos más trágicos incluyen el motín de La Modelo en 2020 que dejó 23 muertos y el incendio en Tuluá en 2022 que causó 51 fallecidos.
En Perú, los motines también han sido recurrentes. Durante la pandemia de COVID-19, entre marzo y abril de 2020, se produjeron múltiples motines que resultaron en 16 personas muertas, 8 de ellas por uso de arma de fuego por parte de agentes estatales. El motín en Castro Castro en 2020 dejó 9 reclusos muertos y 67 heridos.
Intentos de suicidio en aumento
En Colombia, los informes gubernamentales muestran un incremento alarmante en los intentos de suicidio, pasando de 105 a 270 casos. Esta cifra refleja el deterioro de la salud mental de los internos y la falta de programas efectivos de atención psicológica.
Poblaciones vulnerables: doble discriminación
Mujeres privadas de libertad
Las mujeres representan el 6.1% de la población carcelaria en Colombia (6,308 de 103,796 internos) y aproximadamente el 6% en Perú. Sin embargo, enfrentan condiciones particularmente difíciles debido a que los sistemas penitenciarios fueron diseñados para hombres.
En Colombia, entre el 45% y 55% de las mujeres están encarceladas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, frecuentemente en los eslabones más bajos de estas organizaciones. Muchas de estas mujeres son madres cabeza de familia y su encarcelamiento genera un impacto devastador en sus hijos.
Niños y niñas en prisión
En Colombia, el ICBF atiende a niños hasta los tres años que permanecen con sus madres en establecimientos de reclusión. Estos menores están expuestos a las condiciones adversas del entorno carcelario, lo que afecta su desarrollo integral. En Perú, la situación es similar, con niños que acompañan a sus madres sin contar con servicios pediátricos adecuados.
Población LGBTI
La comunidad LGBTI enfrenta discriminación y violencia extrema en las cárceles. En Colombia, según el INPEC, 815 personas LGBTI están recluidas, distribuidas entre 350 mujeres lesbianas, 198 bisexuales, 161 hombres gays, 102 transgeneristas y 4 intersexuales. Estas personas sufren violencia física y sexual, discriminación y abusos tanto de otros internos como del personal penitenciario.
Personas con discapacidad y adultos mayores
En Perú, se han identificado 793 internos con probable discapacidad, de los cuales solo 39 tienen certificado de discapacidad. Estas personas enfrentan barreras adicionales para acceder a servicios básicos y programas de rehabilitación. Las personas adultas mayores también constituyen un grupo particularmente vulnerable que requiere atención médica especializada.
Corrupción: un mal endémico
Colombia: investigaciones y capturas masivas
La corrupción en el sistema penitenciario colombiano ha alcanzado niveles críticos. En 2024, casi 100 funcionarios del INPEC fueron investigados por corrupción, con 73 casos remitidos a la Fiscalía. De los 17,126 funcionarios del INPEC, 3,700 están bajo investigación por presuntos hechos de corrupción.
La “Operación Dominó” realizó 1,700 operativos en siete prisiones de máxima seguridad, decomisando más de 9,600 celulares utilizados para extorsionar desde las cárceles. Se identificaron 30 cabecillas de estructuras delictivas y se capturaron 98 funcionarios que facilitaron actividades ilícitas.
Perú: redes de corrupción institucional
En Perú, también se han documentado múltiples casos de corrupción. Imágenes difundidas en 2025 mostraron a personal del INPE cobrando coimas de 200 soles para permitir el ingreso de celulares al penal de Lurigancho. El gobierno peruano ha avanzado en la aprobación de leyes que establecen penas de 6 a 13 años de cárcel para servidores del INPE que incurran en actos de corrupción.
Déficit de personal y formación
Insuficiencia de recursos humanos
Colombia cuenta con 15,795 funcionarios penitenciarios para atender a más de 100,000 internos. Según el ICRC, el INPEC requeriría aproximadamente 40,000 funcionarios para cumplir adecuadamente con sus obligaciones. Esta carencia de personal afecta no solo la seguridad sino también la capacidad de brindar programas de rehabilitación efectivos.
En Perú, la situación es similar, con déficit de personal tanto de seguridad como técnico-profesional. La falta de estrategias dirigidas al bienestar y formación del personal dificulta la atención digna a las personas detenidas.
Programas de rehabilitación: intentos insuficientes
Educación y trabajo
A pesar de las graves deficiencias, ambos países mantienen algunos programas de rehabilitación. En Colombia, los internos pueden acceder a programas de educación básica, técnica y superior, así como a talleres laborales. Sin embargo, la cobertura es insuficiente y los recursos limitados.
En Perú, existen cinco programas educativos que incluyen Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Superior, Educación técnico-productiva y Educación a Distancia. Los internos que participan en estos programas pueden acceder al beneficio de redención de pena, reduciendo un día de prisión por cada dos días de estudio.
Limitaciones y desafíos
Los programas de rehabilitación enfrentan múltiples obstáculos. El hacinamiento limita el acceso a aulas y talleres. La falta de materiales y equipamiento adecuado reduce la efectividad de los programas. Además, muchos internos no pueden participar debido a la sobrepoblación y la falta de espacios.
Impacto en la seguridad ciudadana
Extorsión desde las cárceles
Las cárceles se han convertido en centros de operación del crimen organizado. En Colombia, según la Procuraduría, el 41% de las extorsiones son ordenadas desde las cárceles. La extorsión aumentó 438% en una década, pasando de 2,294 casos en 2012 a 12,334 en 2024.
En Perú, la situación es similar, con organizaciones criminales que operan desde los penales coordinando actividades delictivas en el exterior. La facilidad para obtener celulares y mantener comunicación con el exterior facilita estas operaciones.
Contexto regional e internacional
Comparación latinoamericana
Colombia y Perú forman parte de una crisis carcelaria regional. Según datos de 2013, Perú ocupaba el tercer lugar en sobrepoblación penitenciaria en América Latina con 211% de densidad, mientras Colombia se ubicaba en décimo lugar con 152%. Sin embargo, estas cifras han empeorado significativamente en la última década.
Estándares internacionales
Ambos países han suscrito tratados internacionales que establecen estándares mínimos para el tratamiento de personas privadas de libertad. Las Reglas Nelson Mandela, las Reglas de Bangkok y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas establecen marcos normativos que estos países no están cumpliendo.
Respuestas gubernamentales y desafíos
Declaratorias de emergencia
Ambos países han declarado emergencias carcelarias en respuesta a la crisis. Colombia declaró emergencia en 2020 por COVID-19 y nuevamente en 2024 por violencia contra funcionarios. Perú declaró emergencia por 24 meses en 2024 debido al hacinamiento del 136%.
Inversiones en infraestructura
Los gobiernos han anunciado inversiones para ampliar la capacidad carcelaria. En Perú, se transfirieron 76.5 millones de soles para mejorar la infraestructura en Arequipa y Pucallpa, habilitando 2,209 nuevas unidades carcelarias. Sin embargo, estas medidas son insuficientes frente a la magnitud del problema.
Conclusiones y reflexiones
La realidad carcelaria en Colombia y Perú representa una de las crisis humanitarias más graves de la región. Los niveles de hacinamiento, la violencia endémica, la corrupción sistémica y la violación sistemática de derechos humanos configuran un panorama que requiere intervención urgente.
Esta situación no solo afecta a las personas privadas de libertad, sino que impacta negativamente en la seguridad ciudadana, perpetúa ciclos de violencia y socava los fundamentos del Estado de Derecho. La transformación de estos sistemas requiere voluntad política, inversión sostenida y un enfoque integral que priorice la dignidad humana y los derechos fundamentales.
La sensibilización sobre esta realidad es fundamental para generar conciencia pública y promover iniciativas de responsabilidad social que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de una población que, a pesar de estar privada de libertad, mantiene su derecho inalienable a la dignidad humana.